SAN SALVADOR, El Salvador – La premio Nobel de la Paz y ex candidata a la presidencia de Guatemala, Rigoberta Menchú, aplaudió este fin de semana la actitud del presidente de El Salvador Mauricio Funes de pedir perdón en nombre del estado salvadoreño por la masacre de El Mozote, perpetrada por elementos de la Fuerza Armada durante el conflicto armado. 

Invitada por la Asamblea Legislativa para reconocer su aporte al proceso de Paz en El Salvador, Menchú fue más allá en su planteamiento al pedir que los mismos responsables de las masacres son quienes deberían pedir perdón a los familiares de las víctimas.

"A mí me gustaría que algunos de los victimarios pidan perdón, como ocurre en Guatemala", señaló.

El pedido de perdón de antiguos oficiales del ejército guatemalteco que estuvieron ligados a violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil en el vecino país, ha servido para el esclarecimiento de varios de estos crímenes y la exhumación de cuerpos a los que no se les había establecido un paradero.

Según Menchú, mientras los responsables de cometer estos hechos no pidan perdón a los familiares de las víctimas, estas jamás podrán perdonar porque no se sabrá a quién hacer ese desagravio.

"Todavía los victimarios tienen la oportunidad de pedir perdón, eso sería el reto más grande que queda en el futuro", agregó.

Poniéndose a comparar, Guatemala ha mostrado claros avances en la judicialización de casos vinculados a crímenes de guerra perpetrados por agentes del Estado en pleno ejercicio.
Una de las instancias más recientes y emblemáticas es la sentencia a los responsables de la masacre de "Las dos erres", acaecida en diciembre de 1982 en el departamento del Petén, durante la guerra civil en Guatemala.

En un operativo ejecutado por "kaibiles" o elementos élite del ejército guatemalteco, asesinaron a cerca de 200 campesinos de origen indígena, no sin antes haber violado a las mujeres y torturado a los hombres.

En un juicio comprendido entre el 25 de julio y el 2 de agosto de 2011, un tribunal sentenció a un teniente y tres subinstructores "kaibiles" vinculados en la matanza a penas que acumuladas suman 6 mil años de cárcel.

Por el contrario, al ampararse en una ley de Amnistía aprobada después de la firma de los Acuerdos de Paz, muchos casos de desapariciones y ejecuciones sumarias no solamente no están siendo judicializados, sino que han pasado en la más completa omisión por parte del Estado Salvadoreño.

En el acto de desagravio a las víctimas de la masacre El Mozote, la cual acabó con la vida de más de un millar de campesinos del norte de Morazán, el presidente Funes instó al aparato judicial a que revisara "conductas del pasado" que permitieron la impunidad en este y otros casos.

Asimismo apeló a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que dejaría sin efecto la Ley de Amnistía, cuando se sigan juicios por crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, Menchú dijo en declaraciones a la prensa que ella ha sido una luchadora por la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y hay que luchar por su judicialización.
Ese tema permanece en pañales en El Salvador, ya que al no ser firmante del instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (conocido como Estatuto de Roma), no es posible la tipificación de crímenes como de Lesa Humanidad.

Recientemente, la familia del poeta Roque Dalton, asesinado en mayo de 1975 por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sufrieron un revés en sus pretensiones de llevar ante la justicia a los responsables de la ejecución del escritor, debido al planteamiento antes explicado.


Similar destino parece tomar el caso de seis sacerdotes jesuitas asesinados en noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Debido a que cinco de los seis religiosos masacrados eran de nacionalidad española, dicho país recurrió a pedir a El Salvador la extradición de los 13 militares retirados residentes en suelo salvadoreño y que están involucrados en el crimen.