Puerto Príncipe.-La oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU está pidiendo una investigación sobre alegaciones de tortura y muerte por parte de la policía en Haití.

Dos informes de la ONU parecen implicar a oficiales de la policía nacional de Haití, en el caso de muertes ilegales de nueve personas en la capital, Puerto Príncipe, entre octubre de 2010 y junio de 2011.

La vocera de la oficina de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani en declaraciones a la Voz de América, dijo que se cree que las investigaciones sobre estas muertes podrían dar como resultado el uso ilegal de la fuerza por parte de la policía. En algunos casos, dijo, hay indicaciones de sumarios extra judiciales o ejecuciones arbitrarias.

Pese a la evidencia, manifestó que las acciones tomadas por el gobierno o el sistema judicial para enfrentar estos problemas, en el mejor de los casos no salen a relucir.

“Se han dado algunos pasos para iniciar las investigaciones y unos cuantos oficiales están a la espera de un juicio. Sin embargo hasta la fecha no hubo ningún convicto. En efecto algunos oficiales de la policía señalados como supuestos responsables de estas violaciones retomaron sus funciones incluso antes de finalizar la investigación”, dijo Shamdasani a la VOA.

La vocera afirmó que “obviamente no es el camino correcto para imponer el cumplimiento de la ley y tampoco es el camino ideal para ganar la confianza del público sobre el trabajo que realiza la policía haitiana”.

Shamdasani dijo que, parece que la policía no tenía como blanco un grupo específico de personas, de modo que no existe un patrón que identifique a las víctimas.

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, dijo que el fortalecimiento de la ley en Haití es vital para lograr una paz y prosperidad duraderas en esa nación.

Ban hizo esas afirmaciones en un informe donde sostiene que ampliar el mandato de la ley requerirá un genuino compromiso para la creación de un  sistema judicial independiente y efectivo en el país, un parlamento que sirva al pueblo y no sea manejado por intereses especiales, y un gobierno transparente.