Bruselas.-La introducción del euro en 1999 fue uno de los pasos más importantes hacia la integración europea y uno de sus principales éxitos: aproximadamente 330 millones de ciudadanos de la Unión Europea emplean actualmente la moneda única.
Sin embargo, en la actualidad aparecen ciertas dudas sobre el éxito de ese modelo que impide paliar la crisis de la deuda en algunas de las 17 naciones de la Unión Europea que comparten la moneda, cuyo símbolo "€" es ampliamente reconocido.
Las voces más destacadas de la economía afirman que la única salida a la crisis griega sería el retorno al dracma con la consiguiente devaluación de su moneda, algo que como miembros de la zona euro no pueden hacer.
“El marco en el que se gestiona el euro hace de éste una moneda estable con un bajo nivel de inflación y bajos tipos de interés y promueve una hacienda pública saneada”, señala la Unión Europea.
“Una moneda única también es un complemento lógico del mercado único, cuya eficiencia aumenta junto con la transparencia de los precios, elimina los costes de cambio de moneda, mejora el funcionamiento de la economía europea, facilita el comercio internacional y dota a la UE de una voz más poderosa en los foros internacionales”.
Teóricamente, la idea inicial era que la dimensión y la fortaleza de la zona del euro la protegían frente a perturbaciones económicas exteriores, tales como subidas inesperadas del precio del petróleo o turbulencias de los mercados de cambios.
Historia del Euro
El euro da a los ciudadanos de la Unión Europea un símbolo tangible de su identidad europea. Al introducirse el 1 de enero de 1999, el euro se convirtió en la nueva moneda oficial de 11 Estados miembros, sustituyendo a las antiguas monedas nacionales -tales como el marco alemán o el franco francés-, en dos etapas.
En primer lugar se introdujo como moneda virtual para los pagos no efectuados en efectivo y con fines contables, mientras que las antiguas monedas siguieron empleándose en los pagos en efectivo, siendo consideradas como divisiones del euro.
Posteriormente, el 1 de enero de 2002, el euro apareció físicamente, en forma de billetes y monedas.
Dos países; Dinamarca y Reino Unido han optado por la cláusula de "exclusión voluntaria" contemplada en el Tratado, que les exime de participar en la zona del euro, mientras que el resto (muchos de los nuevos Estados miembros más Suecia) todavía no cumplen las condiciones para adoptar la moneda única.
Cuando el euro se hizo realidad, la política monetaria pasó a ser responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE), entidad independiente creada a tal efecto, y de los bancos centrales nacionales de los estados miembros que habían adoptado el euro.
La política fiscal sigue siendo competencia de los gobiernos nacionales, si bien éstos pueden adherirse a unas normas de hacienda pública establecidas de común acuerdo y englobadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Los gobiernos nacionales también conservan la plena responsabilidad de sus políticas estructurales -empleo, pensiones y mercado de capitales-, aunque acceden a coordinarlas con objeto de lograr los objetivos comunes de estabilidad, crecimiento y empleo.
El proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea se desarrolla paralelamente a la propia historia del bloque.
Cuando se fundó la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957, los estados miembros se centraron en el establecimiento de un «mercado común».
Con el tiempo resultó clara la necesidad de una cooperación económica y monetaria más estrecha para un mayor desarrollo y florecimiento del mercado interior.
Sin embargo, el objetivo de lograr una plena unión económica y monetaria y una moneda única no se consagró hasta el Tratado de Maastricht de 1992 -Tratado de la Unión Europea-.
Dicho Tratado establecía las normas básicas para la introducción de la moneda única y determinaba los objetivos de la unión monetaria, las responsabilidades de cada protagonista y las condiciones que deben cumplir los estados miembros para poder adoptar el euro.
Estas condiciones se conocen con el nombre de "criterios de convergencia", o "criterios de Maastricht", y consisten en una inflación baja y estable, un tipo de cambio estable y unas finanzas públicas saneadas.
