Insulza y política española critican
ley de inmigración en Europa
WASHINGTON (AP) - El secretario general de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y una dirigente socialista de España
rechazaron el jueves la decisión del Parlamento Europeo de
extender hasta por 18 meses el plazo en que los inmigrantes pueden
permanecer detenidos a la espera de deportación.
José Miguel Insulza dijo que la decisión aprobada
el miércoles en París se trata de "una medida
represiva... que afecta directamente a muchos latinoamericanos".
"Es una paradoja que mientras se negocian acuerdos importantes
en materia comercial y se habla de alianzas estratégicas,
se adoptan de manera unilateral medidas como la internación
prolongada, que tratan como delincuentes a los inmigrantes ilegales,
sin siquiera discutir ni negociar el tema con los gobiernos latinoamericanos",
afirmó en una declaración escrita.
"El flujo migratorio
de latinoamericanos hacia Europa, al igual que hacia América
del Norte, continuará mientras existan allí fuentes
de trabajo que no existen en los países de origen de estos
migrantes", dijo Insulza.
Elena Valenciano, secretaria de relaciones exteriores del PSOE,
el Partido Socialista Obrero Español del gobierno de Madrid,
afirmó que el tiempo máximo de 18 meses de detención
"es exageradamente largo" y explicó que en el caso
de España el límite es 40 días.
"En España todo el proceso se hace en presencia del juez,
y muchas veces no se puede terminar en 40 días y el inmigrante
es puesto en la calle, pero su situación sigue siendo jurídicamente
ilegal", dijo Valenciano a la AP.
La llamada "Directiva de retorno", aprobada por el Parlamento
Europeo, ha estado en discusión durante cinco años
porque "la legislación comunitaria es difícil
de elaborar", explicó Valenciano, quien está
sosteniendo en Washington entrevistas con dirigentes de los partidos
Demócrata y Republicano.
"El texto que ha surgido después de este proceso es
mucho mejor del que se nos ha presentado inicialmente, y lo que
pretende la directiva es armonizar la política de retorno",
dijo. "Fundamentalmente se refiere a eso y no a aspectos de
política de inmigración".
La medida ha sido también criticada por grupos de derechos
humanos debido a que "promueve una excesiva permanencia (de
los indocumentados) en la cárcel". Pero quienes la defienden
han alegado que más bien los protege al fijar un plazo máximo
para resolver un caso, evitando la detención indefinida que
sufrían los indocumentados en varios países europeos.
"El flujo migratorio de latinoamericanos hacia Europa, al
igual que hacia América del Norte, continuará mientras
existan allí fuentes de trabajo que no existen en los países
de origen de estos migrantes", dijo Insulza.
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