Lima.-Familiares de las víctimas de la llamada Masacre de La Cantuta pidieron este miércoles a las autoridades peruanas que inicien un plan de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas durante esa matanza. La representante de los familiares de las víctimas de La Cantuta, Gisela Ortiz, manifestó que no debe haber "ni olvido ni perdón" contra los responsables de los asesinatos.

Explicó que si bien "no hay un número exacto de desaparecidos, el Estado debería iniciar una estrategia para ubicarlos".

La mayoría de desaparecidos fue enterrada en fosas comunes y secretas. Además, se les negó todo conocimiento sobre los hechos a sus conocidos.

Por otra parte, familiares del ex presidente peruano, Alberto Fujimori, solicitaron el pasado fin de semana un "indulto humanitario" para el ex mandatario.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por su responsabilidad durante su gestión en las masacres de La Cantuta y Barrios Altos.

En ese sentido, Gisela Ortiz se pronunció en contra de una amnistía para el ex gobernante. Calificó esa posibilidad como una forma de premiar a los culpables de los crímenes cometidos.

Sin embargo, el ex mandatario rechaza obtener su libertad por la vía del indulto. Se debe a que considera su condena como "absolutamente injusta".

La masacre de La Cantuta fue ejecutada por una escuadra paramilitar perteneciente al Ejército Peruano. Ocurrió el 18 de julio de 1992, durante la presidencia de Alberto Fujimori.

Fueron secuestrados y asesinados 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. La Masacre de La Cantuta, en la que un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por una escuadra paramilitar, pertenecientes al Ejército Peruano.

Tuvo lugar en el Perú el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. El incidente es notable no sólo por las violaciones a los derechos humanos que implicó, sino por la subsecuente impunidad que disfrutaron sus perpetradores. Fue uno de los crímenes que el gobierno peruano estableció en su pedido de extraditación de Fujimori frente el gobierno de Japón el 2003 y es uno de los que también presentó al gobierno de Chile por el mismo motivo.